Justicia o ley. Lo mejor, las dos
cosas
Por JESÚS SOSA CASTRO
Un elemento que cuenta
mucho en la política del actual presidente, que define el apoyo de los
ciudadanos y lleva a la necesidad de un cambio de régimen, radica en el
cumplimiento del proyecto de gobierno que se propuso durante la campaña
electoral. El triunfo de AMLO el 1º de julio del 2018, obedeció a que su
candidatura tuvo la capacidad de recoger los sentimientos de un pueblo, harto
de ser robado, excluido y atropellado por una casta de políticos demagogos,
ladrones y buenos para nada. Supo colocar en la agenda pública y en su proyecto
gubernamental importantes propuestas, entre ellas, la de acabar con la
corrupción y con los corruptores. Se está avanzando en eliminar la primera, pero
los segundos, los que indujeron, los que permitieron, los que hicieron suyas estas
tropelías, se mueven impunemente sin ser juzgados, ni mucho menos castigados.
Son, en cambio, los que encabezan de manera rabiosa la lucha contra el actual
gobierno federal
Se entiende que el presidente
de la República no quiera entrampar su gobierno en un litigio legal que tuerza
o dilate el resto de su proyecto. Sin embargo, la historia a la que hace
referencia de manera recurrente el jefe del ejecutivo, indica que cuando el adversario
es derrotado, no cejará en su empeño de volver al poder y recuperar sus
privilegios perdidos. Lo que pasó con los fifís porfiristas bajo la conducción
militar de Victoriano Huerta en contra del presidente Madero y el
vicepresidente José Ma. Pino Suarez, es un ejemplo que no debiera repetirse. Porque
a cinco meses de haber tomado en sus manos las riendas del país, el pueblo
observa con preocupación que los machuchones que hicieron sus fortunas al
amparo del poder, se pasean por las plazas públicas con la misma soberbia que
les da la impunidad de antes y de ahora
¿Por qué el Congreso no
aprueba las modificaciones al artículo 35 de la Constitución para abrirle
espacio legal a las consultas públicas y llevarle a los ciudadanos la propuesta
de que digan si se enjuicia o no a los expresidentes y a todos los ladrones de
cuello blanco? ¿No deberían ser enjuiciados por los delitos que por intención u
omisión los hicieron suyos en contra de los intereses del pueblo y de la
nación? ¿No es esto suficiente para que la FGR haga las investigaciones del
caso, les dé vista a esos presuntos dellncuentes y con la ley en la mano se les
lleve a la cárcel y se les aplique la ley de extinción de dominio para que lo
robado sea devuelto al pueblo de México? Es verdad que el presidente ya
adelantó que si crece la exigencia para que se les investigue y sancione se
buscará una alternativa que atienda este problema sin esperar la modificación a
la ley. Entonces, ¿por qué no actuar cuanto antes en contra de estos zopilotes
que lo que quieren es seguir robándole al país?
Sea por razones
políticas o legales lo que está influyendo en estos asuntos, la verdad es que
esto ya está entrando en un estado de franca pudrición. Si bien muchas
decisiones ya están siendo tomadas, es evidente que una cuestión no resuelta y
que se expresa en enojo en amplios sectores del pueblo, es observar el cinismo,
el acoso, la violencia verbal y los intentos de desestabilizar las políticas públicas
por parte de personajes siniestros como Salinas de Gortari, Vicente Fox y
Felipe Calderón. ¿Por qué lo están haciendo? Porque, entre otras razones, este
abuso está atado a la decisión de AMLO de no investigarlos ni aplicarles la ley
para evitar que se empantane la buena marcha de su gobierno
¿Es esto lo correcto? ¿No
es suficiente saber que los expresidentes han corrompido, robado y excluido a los
gobernados? Ellos fueron los que prohijaron la evasión fiscal para beneficiar a
los grandes empresarios, los que se movieron un día sí y otro también en el
mundo del latrocinio y la ineficiencia calculada, los que promovieron la
cultura del agandalle, del pillaje y de la entrega de nuestras riquezas
naturales. El pueblo sabe esto y quiere verlos pagando sus deudas con la
sociedad. Sin embargo, parece que hay que empujar mucho para que estos
cuatreros de la política vayan a la cárcel
Por lo pronto hay que
tomarle la palabra al presidente. Si no hay reforma al artículo 35
constitucional para hacer legales las consultas, que se busquen otras
alternativas para enjuiciar primero y después llevar a la cárcel a estos
parásitos chupasangre. Ya estuvo bien que aparte de lo que le robaron a la
nación, se les siga protegiendo por parte del gobierno federal mientras el
pueblo sigue siendo acosado por el crimen organizado, por la inseguridad y la
violencia. ¡Si hay que escoger entre la ley y la justicia, el pueblo se
pronuncia por la justicia! Esto es lo que se exige porque esto es lo que también
sostiene el presidente
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